Escribe: Edil Diego Guevara | Vicepresidente de la Junta Departamental de Soriano. Frente Amplio – Partido Socialista
Mucho se habla y por lo visto, mucho se hablará del penoso episodio de degradación institucional que hemos dado en llamar de forma resumida, el “Caso Astesiano”
Un evento lamentable, plagado de todo tipo de irregularidades, donde no hace falta ser un profesional del derecho para entender la gravedad y las implicancias del caso.
Pese a esto, siento que existe una tendencia a fomentar la idea de que el Frente Amplio se “beneficia” políticamente de este hecho vergonzoso, que estamos haciendo una especie de carroña mediática, buscando “colgarnos” de esto para generar visibilidad y perjudicar la imagen del gobierno en la opinión pública.
Nada mas lejano a la realidad: NADIE se beneficia cuando en una República Democrática, en un Estado de Derecho suceden estas cosas.
Estas afirmaciones son, por tanto, erróneas o mal intencionadas.
Sucede que sería tan vergonzoso como el hecho en sí, el no denunciarlo y no exigir que se conozca toda la verdad y se adjudiquen las responsabilidades que correspondan a todos y cada uno de los involucrados en esta trama de corrupción, que degrada profundamente la ya bastante vapuleada imagen internacional del Uruguay.
También resulta vergonzoso el intento por atenuar la gravedad de todo esto, el señalar que era un funcionario de rango menor, un “perejil”, “similar a otros ayudantes del hogar como podría ser un jardinero” dichos textuales de senadores de la coalición, demostrando falta de compromiso con la verdad y subestimando la inteligencia del pueblo uruguayo.
Una defensa desde el gobierno que es sistemática y permanentemente desmentida por cada noticia sobre los hechos, que se filtra sobre el caso desde el inicio.
Con frases como “en este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia” o “ustedes me conocen” que sencillamente no corresponden a la naturaleza y altura de la investidura presidencial.
Es entendido por quienes ocupan la Presidencia de la República, pero también por aquellos que no lo hacemos, que cada aspecto de la vida del presidente se ve inevitablemente ligado a la vida del país, que su seguridad es una cuestión de Estado, que es asunto de interés público su bienestar y por tanto este es un problema institucional.
Uno gravísimo.
Uno donde no cabe conocer o no conocer a la persona, donde no cabe, y lo demuestran las evidencias, intentar deslindarse o presentar el caso como aislado,
Donde no cabe el concepto de “error” o “exceso de confianza”
Donde las particularidades del hecho exigen otro tipo de discurso y acción.
Este caso, da cuenta, además, de una estructura amplia, ya que para concretar las acciones que este individuo y sus cómplices llevaron adelante, se requiere la intervención y complicidad de diversos actores.
Se han revelado espionajes a compañeros Senadores del Frente Amplio, electos por voto popular, prácticas que no veíamos porque creíamos superadas, acciones típicas de los peores años de nuestra historia.
Esto denota el nivel de alcance y el poder de intervención de esta organización, que disponía de los mas amplios recursos, los mas restringidos accesos y la comodidad de haber operado desde el inicio del mandato sin ser detectados.
Los vínculos con la policía y las altas jerarquías del Ministerio del Interior dejan en evidencia que no se trataba de una “manzana podrida” sino que mas bien está empezando a oler mal el cajón y claramente Astesiano contaba con cómplices, amigos y colaboradores en varias dependencias del Estado.
Al solo perjuicio a las instituciones de esta trama de corrupción, que ya es enorme, se le deben sumar ciertos detalles que dan una idea mejor de la naturaleza de este personaje y su forma de pensar.
Expresiones violentas como “mientras respiren van a ser iguales”, seguidas de risas que rozan lo macabro en un chat de Astesiano con el Segundo al Mando de la Policía Nacional refiriéndose a un Senador del FA; recuerdan en forma y contenido a discursos que creíamos superados en nuestro país, que marcaron una época a la que todos dijimos NUNCA MAS.
La persecución política, el uso de herramientas del Estado para fines indebidos, la violación de los fueros parlamentarios y los derechos individuales de los compañeros senadores con el fin de perjudicarlos, forman parte de una batería de prácticas propias de finales de los sesenta.
El caso empieza a tornarse confuso, cada día emerge una nueva noticia que nos revela la magnitud del mismo.
Cuidar la democracia también implica respetar y defender la separación de poderes.
El hecho de qué, desde el poder ejecutivo se solicite directamente a una fiscal de la República que omita investigar al presidente y que la misma acepte esta solicitud indebida e ilegal so pretexto de “proteger la investidura”, resulta indignante e inaceptable.
Independientemente de las explicaciones poco convincentes de los últimos días, el deber jurídico de la fiscalía se ve completamente desvirtuado ante un hecho qué, personalmente, me resulta escandaloso.
Nuevamente se pone en duda la voluntad del gobierno para esclarecer este hecho, sumado a las declaraciones de sus figuras, todas en el limbo de la presunción permanente, agregando luego de cada frase un “si se comprueba” o un “de ser cierto”, jerarquizando el principio jurídico de la presunción de inocencia, que no tuvieron a bien respetar cuando condenaban a figuras del Frente Amplio con vehemencia y soltura.
Se pone en duda la imparcialidad de la fiscalía, cuyo cometido es ejercer la titularidad de la acción penal pública en la forma prevista por la ley, cuando acepta una solicitud de otro poder de no investigar un asunto crucial para tipificar el delito.
La finalidad última del Poder Judicial es la realización del Derecho, la actuación de la ley, y en definitiva el aseguramiento de la paz social. Debe, por tanto, ser absolutamente imparcial, garantista e ir en procura de la verdad objetiva.
Esta desviación, ya sea que se haya concretado o no, puesto que la noticia ya hizo su mella en el imaginario popular, implica el incumplimiento manifiesto y notorio del principio más básico del derecho natural: “todos somos iguales ante la ley”.
Flaco ejemplo para la ciudadanía, de quien ostenta el mas alto honor cívico de nuestro país.
Sin embargo, la contrapartida de este escándalo que cada día nos regala una novedad que nos deja a medio camino entre el espanto y el asombro, es que está saliendo a la luz mucha información que nos permite hacernos una mejor idea de quienes nos gobiernan hoy en día.
De qué piensan, cómo piensan, cómo hablan, con quienes hablan, sobre qué hablan.
Y aunque sea magro consuelo ante todo lo sucedido, siempre es mejor saber la verdad.
En una especie de giro de guion, quien espió ilegalmente bajo soborno, para transmitir información privada de sus opositores políticos buscando su directo perjuicio, terminó por tener toda su información y la de sus vínculos, expuesta a todos los uruguayos en un juicio.
Nuestra preocupación es profunda, nace de nuestros mas caros principios.
La Democracia costó muchas vidas, muchas penas, muchos años oscuros en torno a los cuales aún, no hay verdad ni justicia.
Los frenteamplistas fuimos protagonistas directos de los aterradores resultados de perder la democracia, algunos compañeros quedaron por el camino en aquella larga noche.
Quienes asumimos responsabilidades en la institucionalidad pública, desde cualquier espacio, no sólo debemos respetar la democracia; es nuestro deber cuidarla, protegerla y defenderla de aquello que pueda ponerla en peligro.
Este tipo de episodios no le convienen a nadie, es muy poco inteligente o excesivamente ruin, el celebrar que “al gobierno le vaya mal” frente a una situación como esta, que perjudica la imagen de valores muy importantes para los uruguayos, que van mucho más allá del gobierno de turno.
Pierde la institucionalidad, pierde la democracia y su base popular, pierde credibilidad el Estado, sus instituciones y sus gobernantes, perdemos todos y todas.
Pierde Uruguay.
Desde nuestro lugar, trabajamos día a día por una mejor forma de hacer política, a la altura de las circunstancias.
Por esto nos parece infértil y banal la discusión maniquea de comparar situaciones de corrupción entre gobiernos, puesto que no sólo desmerecen la actividad política, sino qué, nuevamente se devalúa la institucionalidad en el imaginario colectivo.
Además, un caso como este no conoce precedente en nuestra historia, con el que quepa compararlo.
Desde el Frente Amplio repudiamos todo acto de corrupción, de cualquier partido, en cualquier escenario, siempre.
Llamamos a cuidar, fortalecer, profundizar y defender la democracia uruguaya.
Nuestra lucha fue, es y será por verdad y justicia.
Por el esclarecimiento pronto y absoluto de este caso.
Por la reivindicación de la imagen de nuestro país, tanto hacia la población uruguaya, como hacia el mundo, recuperando y enalteciendo el status que jamás debimos haber perdido.