Escribe Gabriela Barreiro | Diputada PS-FA
Las ollas populares tienen una rica tradición de solidaridad y resistencia, fundamentalmente en los duros conflictos gremiales permitiendo que los trabajadores y trabajadoras se organizaran en épocas muy difíciles para dar la pelea por sus derechos, y a la vez asegurar una alimentación básica que les permitiera seguir la lucha.
Durante los 15 años de Gobierno del Frente Amplio con nuevas políticas sociales y una fuerte recuperación salarial, se logro una disminución de la pobreza y con las leyes aprobadas contra el abuso patronal y la persecución sindical, se transformaron en acciones más esporádicas.
En el año 2020, de mano de la pandemia y de un gobierno que antes de la misma ya había decretado recortes en inversiones en políticas sociales y en la protección a los más vulnerables, las ollas populares nuevamente surgieron en manos de quienes de forma solidaria dieron respuesta a un Estado Ausente.
Organizarse, salir a buscar en los comercios del barrio aportes, a las organizaciones sociales, a las cooperativas, a los sindicatos sensibles a la necesidad de la gente, al barrio en su conjunto, trabajando desinteresadamente para lograr que los afectados por la pandemia lograran al menos tener un plato de comida en épocas muy difíciles.
Esta primera forma autogestionaria que surgió a raíz de las necesidades de cada zona, de cada barrio, comenzó a evolucionar en una organización más global para permitir en forma planificada tener más posibilidades de recursos y poder mantener durante mucho más tiempo las ollas en funcionamiento, de allí surge la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna (CPS), organización que se dan para mejorar sustancialmente la posibilidades de tener los recursos y elementos necesarios para esa tarea solidaria apostando a un trabajo de inclusión, involucrando todas las partes en el fortalecimiento y la práctica solidaria.
El objetivo de CPS es mancomunar los esfuerzos dispersos de las actividades solidarias, logrando una primera coordinación articuladora en distintos niveles, para poder atender además de necesidades específicas urgentes, coordinar entregas de manera centralizada.
La labor que implica llevar adelante las diferentes iniciativas genera un desgaste físico y psicológico ignorado por el Estado, y a pesar de ello y de la falta de insumos la mayoría no conciben la posibilidad de cerrar la olla, por el hecho que se sienten responsables de la alimentación de cientos de familias.
El Observatorio de Derecho a la alimentación y la Escuela de Nutrición de la UDELAR ha aportado importantes insumos que son determinantes en cuanto a la acotada cobertura nutricional de la alimentación que las ollas pueden realizar con los insumos que reciben del MIDES, y los efectos que esta situación tendrá a largo plazo, particularmente en las infancias.
También es importante considerar el drama de la pobreza infantil, es la franja más castigada, por lo que no se deberían seguir realizando diagnósticos sin una respuesta contundente a tal realidad.
Según el primer informe de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Uruguay, el mismo reconoce que el hambre, es un problema para el país. El Informe es presentado por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Alimentación. Entre los principales resultados establece que un 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria moderada y grave y el 16,5% de la población. Eso implica que hay 174.000 hogares y 575.000 personas con insuficiencia alimentaria moderada o grave. En tanto que, si se toma solamente la insuficiencia alimentaria grave, hablamos de 30.160 hogares y 101.069 personas. Esos cálculos se realizan a partir de los datos del INE de 1.160.000 hogares en total en Uruguay y una población de 3.485.152.
Las conclusiones del propio informe señalan que “la inseguridad alimentaria es un problema prevalente en el país”. El informe agrega que “las mayores cifras de inseguridad alimentaria se observaron en hogares integrados por niños y niñas menores de 6 años, ubicados en la región que incluye los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres cuyos ingresos se encuentran en el primer Quintil”.
Sin embargo, no se ha tenido una política que fuera en línea con la problemática existente, solamente se han tratado de desprestigiar políticamente la tarea realizada por la Coordinadora de Ollas avanzando en ataques injustificados y una denuncia ingresada en Fiscalía en noviembre de 2022.
En febrero de 2023 cambia la estrategia del Gobierno, el MIDES retira todos los insumos que entregaba a las ollas, anunciando la instalación en Abril del nuevo Plan de Alimentación Territorial PAT. Se intenta por parte del gobierno decir que existen dos realidades, el Plan de Alimentación Territorial (PAT) que intentan implementar y al fin lo que hace es confirmar la situación actual atendida por las ollas. No es un relato, son datos.
Se inició en febrero de 2023 y hasta ahora… nada, sin respuesta, las personas siguen en situación de vulnerabilidad grave, quienes siguen sosteniendo y dando respuesta son las ollas.
Por otro lado algunas familias empezaron a recibir una canasta INDA que no cubre las necesidades alimentarias. En pocas palabras las ollas se siguen sosteniendo a través de la solidaridad y organización, dando la respuesta del alimento ante la omisión del Estado.
Hemos realizado, junto a otros legisladores, Pedidos de Informes ante las muchas dudas que nos ocasiona el nuevo Plan. Hasta ahora no hemos recibido respuesta, lo que si hemos comprobado que esta situación nos origina más incertidumbre que certezas.
Estaremos atentos ya que según lo manifestado por las autoridades el Plan comenzaría en abril del 2023 y eso hasta ahora no ha sucedido.
¿Y ahora quién para la olla? Tiene una sola respuesta
¡Son cientos, miles de manos extendidas, son ellos y ellas a través del apoyo incondicional, dejando a lo largo del tiempo la llama encendida de la solidaridad!