Escribe Liliana Queijo Senadora Suplente PS-FA
El proceso salud enfermedad supone la existencia de un par dialectico y es resultante del equilibrio de la humanidad en sus dimensiones: bio-psico-social con el medio. Las enfermedades implican la ruptura de este equilibrio y se encuentran determinadas en última instancia por el lugar que ocupan las personas en la sociedad, en relación a la producción, distribución y apropiación de los bienes de consumo.
El desarrollo actual del conocimiento y el aporte de las ciencias sociales ha contribuido a superar la concepción unicausal y multicausal que no jerarquiza los determinantes sociales. Frente a la concepción biologicista y simplificadora, hegemónica en el siglo XX, se impone como necesidad la comprensión de la complejidad de la sociedad que construimos los humanos.
La cantidad de variables que intervienen y los intereses y responsabilidades en el proceso salud enfermedad dificulta el análisis objetivo e integral y entraña el peligro, para los defensores del status quo, de asumir que cuanto más patológica es una estructura social más enfermas estarán las personas que la integran y cuanto más inequitativa es la sociedad más inequitativa será la distribución de la salud y enfermedad. La mayor carga de enfermedad la sufren las personas más vulnerables que paradojalmente son las que reciben luego la peor atención. A su vez, en una sociedad fragmentada como la nuestra, las enfermedades distribuidas en forma desigual contribuyen a profundizar las diferencias. De una u otra forma todas son causa y efecto, y repercuten sobre el entorno familiar y social generando un círculo vicioso de difícil resolución una vez instalado. Esto depende del carácter de la enfermedad, pero tiene relación con el grado de integración y cohesión social y con la forma en que cada sociedad resuelve el cuidado de sus miembros. Incluso las contingencias de la vida desde la indefensión de los niños, a la vejez con su corolario de enfermedades crónicas, la viven con más riesgo y sufrimiento los sectores menos favorecidos de la sociedad y conllevan esfuerzos extraordinarios de las mismas personas o del núcleo familiar, si se encuentra presente, en lo afectivo y económico.
Salvo excepciones, no hay una institucionalidad que colabore con la contención efectiva y afectiva del enfermo y su entorno; y la desaparición del incipiente Sistema de Cuidados destruyo expectativas que podían haberse logrado.
Desde un pensamiento plano y conservador se estigmatiza y culpabiliza al enfermo por su enfermedad y se lo hace pagar sus costos. El enfermo, emergente de una sociedad patógena termina siendo responsable de su sufrimiento. Maxime si asume la locura de esta estructura social violenta y despiadada y un sistema que promueve el individualismo, y se sostiene en la competencia. La misma sociedad que genera la enfermedad tiende a aislar a los miembros que la padecen, justificando la segregación en la valoración de las personas por su capacidad de integración al proceso productivo. Esto se potencia en el caso de las adicciones donde se apela a la voluntad y a la ética de los pacientes sin valorar que su comportamiento está afectado y asociado al consumo. Sin considerar el sufrimiento y dolor de quienes lo padecen y su naturaleza crónica y recurrente que requiere de atención continua. Sin tener en cuenta los intereses económicos y políticos presentes en el problema y también en las soluciones y sin juzgar las acciones que permitieron y propiciaron la instalación de las drogas en nuestro país.
Es necesario, asimismo, reconocer el dolor y perturbación de la familia donde uno de sus miembros padece una enfermedad crónica. Los hijos, las parejas, los padres o su círculo de relaciones requieren atención que les ayuden al cuidado del enfermo y de sí mismos.
Adicciones-consumo problemático de drogas
Las adicciones, considerando todas las sustancias psicoactivas y como alteración de la salud afectan en nuestro país a cientos de miles de personas.
- La consideración social frente a las diversas drogas, a quienes las producen y distribuyen responde más a una mirada impuesta y a intereses económicos que a una racionalidad científica. El tabaco y el alcohol son las drogas legales que provocan más estragos en la población y existe sobre ellas una equivoca percepción de riesgo. Esto fomentado desde lugares de poder, que reducen su importancia y las medidas para combatirlas.
La tolerancia con el alcohol no tiene en cuenta que es la más difundida de las sustancias adictivas, de las más difíciles de tratar y que produce más daño en su entorno social. En este gobierno, el presidente y su grupo más cercano ostentando su actitud irresponsable pretendió: a) flexibilizar el consumo de alcohol al conducir, b) reducir las medidas anti tabaco, respondiendo a un claro interés económico y a un claro desinterés por la vida y salud de la población.
- Tienen una indiscutible distribución social. No es igual la capacidad letal y adictiva de todas las drogas ni el costo o el acceso a las mismas y repercuten también en forma diferenciada sobre las personas, el entorno familiar y social.
Las drogas menos costosas y más toxicas las consumen los sectores más desfavorecidos de la población, como ejemplo hay evidencia científica en nuestro país de que las bebidas alcohólicas poco refinadas aumentan el riesgo de cáncer y generan más enfermedades que las de mayor calidad.
Tampoco tienen la misma gravitación sobre el desarrollo de otras diversas patologías. Y aumenta su peligrosidad cuando existen comorbilidades con patologías de base o puede disparar otras latentes.
Son sustancias que inciden en el sistema nervioso central y afectan el comportamiento produciendo cambios neuroquímicos. Modifican el sistema de recompensa generando la necesidad de la droga para sentirse bien, afectando también la función de toma de decisiones. La misma asociación del bienestar al consumo dificulta la decisión de abstinencia.
Hay una clara relación con el contexto asociado al consumo, el medio dispara la necesidad del uso. Los círculos de amistad, los lugares y circunstancias refuerzan la necesidad.
- Sin centrarnos en la sustancia, cuando se trata del consumo problemático y las adicciones de todas las drogas, la pasta base de cocaína merece alguna consideración especial por sus particularidades y porque el desconocimiento sobre la misma ha logrado ponerla en el eje del debate. A su ingreso al mercado se impuso su consumo en jóvenes que pertenecen a los sectores más pobres. Actualmente dado el tiempo que lleva en el mercado la edad promedio de los consumidores es más elevada. Se estima en unas 15.000 personas consumidoras solo en la zona Metropolitana. Se conoce que tiene una gran capacidad adictiva en parte por su forma de administración; el 50% de los consumidores llegan a ser adictos, mientras que la cocaína genera adicción en un 10%. Tiene un pasaje más rápido del uso cotidiano al abusivo y luego al compulsivo.
No queda claro, como se afirmó en algún momento, que se produzcan daños neurológicos irreversibles y los trastornos cognitivos, al igual que en otras sustancias, se asocian al consumo prolongado por décadas. Su toxicidad se encuentra también en relación a los adulterantes que potencian su efecto adictivo.
- Con respecto al tratamiento, no se conocen fármacos que den resolución a estos trastornos y el tratamiento es de gran dificultad y hasta el momento escasos resultados.
La recomendación científica apunta a la terapia conductual y a reforzar las motivaciones.
Requiere ser tratada como una enfermedad crónica, recurrente, expuesta a frecuentes recaídas. Esto implica necesariamente el abordaje multidisciplinario, multifactorial e interinstitucional disponible a lo largo de la vida. La desintoxicación con internación solo logra efectos inmediatos. Aislada del tratamiento rehabilitador y de los apoyos necesarios para la reinserción social carece de sentido, si el objetivo es sanar al enfermo, y cobra significado si el objetivo es recluir al enfermo como respuesta a los reclamos de su entorno.
- La internación para lograr la desintoxicación debe ser vista como el fracaso del sistema. Revela que fallo la promoción, la prevención y otras formas de tratamiento que debieron estar a disposición por un imperativo ético y racionalidad científica.
Aun considerando que el número de camas disponibles para internación es un mal indicador de tratamiento, hay que tener en cuenta que en total hay poco más de 100 plazas en la oferta pública. (Intendencias, ASSE) y sea que se ingrese por internación voluntaria o por orden judicial se requiere apoyo y contención por parte de la familia o algún respaldo para cubrir necesidades y hacer soportable la estadía (envío de ropa, cigarros).
Se estima en lo privado una oferta de 2000 plazas, la mayoría en instituciones sin habilitaciones ni control de los tratamientos por parte de la autoridad sanitaria.
- La Ley de Salud mental es el marco legal de referencia y contempla todas las acciones disponibles en el SNIS incluyendo la internación.
Es en esta situación que se aprueba una ley donde las personas aceptan ser internadas para su desintoxicación, sin definir su significado, sin límites de tiempo, sin protocolos de atención, sin normativas ni fiscalización que comprometan a los prestadores y al estado y sin posibilidades de revertir el tratamiento una vez instalado.