Escribe Aleix
El 30 de mayo la jueza Marcela Vargas de la Suprema Corte de Justicia solicitó a la Cámara de Senadores el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés. La solicitud estuvo a cargo de la fiscal Alicia Ghione, la cual lleva adelante la investigación de 8 denuncias por explotación sexual a menores perpetradas presuntamente por Penadés.
Para entender las implicaciones de este caso y donde nace, debemos comenzar por la primera denuncia pública -no denuncia penal-, realizada por una militante nacionalista el dia 26 de Marzo. Romina Celeste declaró haber mantenido relaciones sexuales con el Senador, quien la levantaba en el Parque Batlle cuando era apenas una adolescente. Ante esto, el parlamentario decidió dar una conferencia de prensa en la cual negó rotundamente los dichos de la militante. Asimismo, sostuvo que la denunciaría por difamación. Al mismo tiempo , declaró que “…todos conocen mi orientación sexual…” “…no voy a permitir que por tener esa orientación sexual, alguien me pueda acusar de pedófilo…”. En esta conferencia de prensa el Senador fue acompañado por el Ministro del Interior Luis Heber quien dio su apoyo a su compañero de partido, alegando además que Penadés estaba viviendo una situación de difamación.
Ante estos sucesos, el fiscal de corte Juan Goméz decidió tomar cartas en el asunto y comenzar una investigación de oficio. Para ello, se barajaron distintos nombres de fiscales encargados de llevar a cabo la investigación. Una de ellas fue Mariana Alfaro -fiscal a cargo de la Operación Océano -el caso más grande por explotación de menores en Uruguay-, pero finalmente se designó a Alicia Ghione de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 6° turno.
A medida de que el caso iba tomando repercusión en los medios se fueron sumando declarantes y denunciantes. En el momento en que sumaban cuatro denuncias, el Ministro Heber salió nuevamente a declarar en defensa del acusado “..sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo..”. En simultaneo, la coordinadora de la bancada nacionalista Graciela Bianchi consideró necesario que el acusado se tome licencia y distancia del Senado. Esto aunado al inminente pedido de desafuero, puso al gobierno en una posición más que delicada que a día de hoy sigue escalando y sumando denunciantes y declarantes.
Uruguay es uno de los países que se sumó a un acuerdo internacional que fue concretado por medio de la Ley 17.559 que se compromete a garantizar la protección de los menores en materia de prostitución y pornografía infantil. Esta ley en sus artículos 4,5 y 6 establece mecanismos judiciales que impiden la explotación sexual a menores de edad:
Artículo 4: Prohíbe la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que realicen actos sexuales o eróticos. La pena es de 2 a 12 años de prisión.
Artículo 5: Sanciona a quienes contribuyan de cualquier manera a la prostitución, explotación o servidumbre sexual de personas menores de edad o incapaces. La pena es de 2 a 12 años de prisión.
Artículo 6: Penaliza el tráfico de personas menores de edad o incapaces con fines de prostitución o explotación sexual. La pena es de 2 a 12 años de prisión.
La Ley 17.559 actúa en conjunto con el Código del Niño y Adolescente -Ley 17.823- en donde se asegura la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos y promoviendo su desarrollo físico, mental, moral y social en condiciones de libertad y dignidad, ademas de prevenir y proteger a las niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de maltrato, abuso, explotación, violencia y discriminación. Por lo tanto, en materia legal hay mecanismos de protección que amparan a los denunciantes ante los delitos por los cuales el Senador está siendo acusado.
El consultorio jurídico de la Universidad de la República se está encargando de la defensa de los denunciantes. El consultorio es encabezado por Juan Raul Williman y Soledad Suarez, la cual dio declaraciones a la prensa que generan preocupación debido a que deja a interpretación la edad de una de las víctimas -“…no lo voy a decir, es muy fuerte…”.Sumado a esto, el Partido Nacional decidió elevar el caso a su comisión de ética política para evaluar las medidas que se deben de tomar.
El día 2 de junio los Senadores Gandini y Da Silva hicieron declaraciones con respecto a lo sucedido en los últimos días debido a que el Frente Amplio solicitó que el pedido de desafuero pase por la Comisión de Constitución del Senado. En simultáneo, algunos parlamentarios nacionalistas pidieron que haya un “pacto de caballeros” según La Diaria. Frase que notoriamente tiene connotación extremadamente negativa y que históricamente ha sido utilizada como mecanismos de protección masculina que refuerza la cultura patriarcal de la impunidad y perpetúan la desigualdad de género.
Sin embargo, desde el Partido Socialista defendemos que los fueros parlamentarios son un mecanismo que protege a los senadores en sus funciones administrativas y legislativas, no deben de ser utilizados para protegerse ante la justicia por delitos graves cometidos fuera de sus funciones legislativas.
Si bien en los medios de prensa se ha manifestado de parte de la coalición de gobierno que tienen interés de colaborar con la justicia y facilitar los medios para el tratamiento del caso, frases como “…pacto de caballeros…” y “…sería un mal amigo si no le creo” lo unico que hacen es alimentar un modelo patriarcal de encubrimiento que también refuerza.
El día 1 de junio Penadés admitió haber asistido a moteles que fueron nombrados en una de las declaraciones de las víctimas. Además, declaró muy sueltamente que “no les pedía cédula” a sus compáñero ssexuales, declaración realmente preocupante debido a que en el año 2020 INAU retomó la campaña “NO HAY EXCUSAS” donde su cometido es condenar tanto judicial como culturalmente la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Es necesario que tanto el Ministro como el Presidente presenten seriedad en este tipo de circunstancias y procedan a colaborar con la justicia para que se pueda dilucidar el caso. Los niños, niñas y adolescentes han de ser protegidos no solo por sus familias sino también por la sociedad y el Estado.
La explotación sexual de menores y la pederastia es inaceptable en todos los aspectos. Se trata de una violación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, negándoles su derecho a una infancia y adolescencia segura, libre de violencia y a un desarrollo saludable. Las personas que participan en esta explotación, ya sea como perpetradores directos, como testigos o como facilitadores, están involucrados en una actividad éticamente inaceptable y deben ser condenados por sus acciones.
La sociedad en su conjunto también debe asumir su responsabilidad moral en la lucha contra la explotación sexual de menores. Esto implica rechazar cualquier forma de tolerancia o indiferencia hacia estos tipos de abuso, denunciar cualquier sospecha de explotación, apoyar a las víctimas a través de mecanismos e instituciones que se encarguen de socorrer y rehabilitar a las mismas, y en caso de que estos mecanismos de apoyo no existan, crearlos. Es crucial crear una cultura en la que se promueva la protección de los derechos de los niños y niñas, y se les dé voz para que puedan denunciar cualquier situación de abuso sin temor a lo que pueda pasar.