Escribe Juan Pablo Rocca | Edil Partido Socialista, Presidente de la Comisión Hacienda y Presupuesto, Junta Departamental de Salto
Insuficiente y tardía se caracteriza la gestión de la coalición de derecha liderada por el Presidente Lacalle Pou. Nuevamente, como era de esperar, presentan algunas medidas para el litoral que no van a mover la aguja y no van a tener un efecto directo en los precios, por lo cual, los perjudicados seguirán siendo los trabajadores y jubilados. Estas medidas se adoptan desde el desconocimiento, con la agravante que desde Presidencia de la República no se tiene la mínima voluntad de entablar diálogo, dinamitando puentes, sin escuchar al Intendente de Salto ni a los diputados frenteamplistas del litoral, por no coincidir con su partido político, dejando de lados prácticas que han caracterizado a nuestro país en tiempos de crisis, todo esto con afán de respaldar a los centros comerciales (como el de Salto) y a figuras locales como el nacionalista Dr. Albisu que preside la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Recientemente elevamos una propuesta, que retoma lo presentado por nuestros diputados del litoral, al Congreso Nacional de Ediles, organismo que ha tenido un rol articulador con otros organismos del Estado para generar un ámbito de diálogo institucional en el que sean partícipes representantes por la Intendencia de Salto, Paysandú y Río Negro, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social, Diputados por Salto, Paysandú y Río Negro, Junta Departamental de Salto, Paysandú y Río Negro, con el cometido de encontrar puntos de acuerdo y analizar la viabilidad de la personalización tributaria para productos de canasta básica (devolución de IVA mediante pago en medios electrónicos), crear una canasta básica subsidiada a beneficiarios de planes vinculados al Ministerio de Desarrollo Social, aumentar el porcentaje de la devolución del IMESI al 40%, autorizar de forma especial para las compraventas en los free shops en un plazo acordado, crear un incentivo tarifario para empresas categorizadas como micros, pequeñas y medianas, de acuerdo con las definiciones y categorizaciones establecidas por las normativas vigentes, otorgamiento de créditos fiscales a los sectores, delimitados en el punto anterior, que hayan sido afectados dentro de un ejercicio económico acordado, y por último innovar en un plan piloto de microimportaciones en los departamentos fronterizos antes mencionados. Como agregado a estas propuestas, queremos destacar como un mojón importante pensar en la financiación en la realización de estudios técnicos en coordinación con los ámbitos académicos de la región, sobre la problemática fronteriza como base para la formulación de proyectos y propuestas de desarrollo en dichas zonas, promoviendo la innovación en políticas de Estado para las fronteras.
Esta iniciativa responde a una urgencia debido a que el problema se viene agudizando. En números podemos describir a Salto como un departamento que tiene 1.660 empresas inactivas y 4.649 activas (esto incluye grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas), con 14,2% de desempleo, con 20.000 personas fuera del sistema de previsión social, con 22 ollas y 19 merenderos en funcionamiento. Vale recordar que el 55,8% de los recursos del Estado 28.798 millones de pesos de 44.967 millones de pesos (recaudación marzo 2023), provienen de la recaudación de IVA y del IMESI, por lo que ante esta situación el propio Estado presenta una disminución por este concepto, en diciembre 2022 era 57,5% teniendo en cuenta la situación del litoral y las consecuencias que esto conlleva, más el contexto de recesión en el país. De las 4.649 empresas activas en Salto, 4.015 (86%) son microempresas y 484 (10,4%) son pequeñas empresas. De las microempresas 1.698 (42%) están bajo el rubro comercio al por mayor y al por menor, incluidos reparación de los vehículos de motor y motocicletas, 265 (6,6%) en transporte y almacenamiento, 191 (4,7%) actividades profesionales, 135 (3,3%) en comida y alojamiento, 158 (3,9%) construcción. Por citar un ejemplo de la diferencia cambiaria con Concordia provincia de Entre Ríos (Argentina) puede llegar a 201% en jabones, 230% en pasta dental, 328% shampoo y acondicionadores, 284% en desodorante, 118% en papel higiénico. Dentro del rubro transporte y combustibles, salvo el rubro neumáticos, donde Salto puede llegar a estar 46% más barato que Concordia, con respecto a la nafta para transporte personal, se llegó a estar 146,8% más caro con el descuento de IMESI incluido. Si lo vemos en forma global, la diferencia cambiaria en promedio refleja que Uruguay es actualmente 144% más caro, la mayor diferencia en promedio llegó a estar en julio 2022 en el 173,7%.
Según un sondeo primario, hasta la fecha se acogieron a las medidas que propone el gobierno nacional 2.310 “pequeñas empresas” y 2.784 monotributistas de las 18.803 (pequeñas y medianas empresas en Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Chuy). Este dato refleja la baja adhesión a estos beneficios, que insistimos, son insuficientes; las anteriores medidas tomadas hace 18 meses no dieron resultados, siendo parte en el encarecimiento de los productos, capítulo aparte, para lo irrisorio e indigno de la medida del descuento del 30% en las compras con tarjeta Mastercard BROU Recompensa, los días martes y jueves, desde el 16 de mayo hasta fines de agosto 2023 para compras en Farmacias.
Para un nuevo período de gobierno del Frente Amplio, debemos dar una profunda discusión sobre políticas de fronteras. La medida denominada “cero kilos” no ha funcionado, no solo por las limitantes en la circulación dentro de los parámetros que nos rigen y las consecuencias del prohibicionismo, puesto que no es una política de ajuste de precios que desestimule, sino por el contrario, se produjo una reafirmación de precios encareciendo el acceso a productos de la canasta básica. En otras palabras, no impacta en el bolsillo del trabajador y el jubilado, trayendo con sí otras consecuencias desfavorables. Es tiempo de asumir una visión y política descentralizada de los problemas del país, entendiendo que, ante una situación diferente, en un territorio diferente, se deben tomar acciones diferentes.