Escribe Shanti Benvenuto CS Paso de los Toros
En los últimos meses Uruguay ha sufrido varios acontecimientos que contribuyen a la reconstrucción de los sucesos acaecidos en la dictadura civil-militar. A esto se suma la liberación de los “archivos del terror”, los cuales contienen información producto del espionaje del Estado uruguayo.
Muchas veces en la historia de la humanidad, tanto desde los partidos más conservadores como del radicalismo de derecha, se ha presentado una defensa a los sucesos realizados por los poderes de facto, los cuales a falta de legitimidad democrática han ejercido el poder de forma violenta e infringiendo los derechos humanos.
Algunos detalles históricos de las dictaduras en el sur
Esta defensa de los actos represivos puede surgir por diversas razones imbricadas. La percepción de una supuesta amenaza a la estabilidad del país, que se explica mejor en términos de una defensa de intereses económicos de las clases dominantes, o una adhesión a ideologías autoritarias que al mismo tiempo materializan el deseo de estas clases dominantes por mantener su supremacía.
Es conocido que Latinoamérica históricamente ha sido víctima de varias acciones de supuesta reorganización social que responden a los intereses de los sectores hegemónicos de los países con mayor poder económico y político. Por ejemplo el Plan Cóndor, que fue una operación clandestina llevada a cabo por las dictaduras militares de varios países de América del Sur en las décadas de 1970 y 1980. Este plan desarrolló una estrategia coordinada entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Dentro de sus objetivos estaba la eliminación de opositores políticos de izquierda que pusieron en peligro los intereses de los sectores con mayor poder económico, compuestos principalmente por grandes empresarios y líderes políticos de derecha. Las dictaduras participantes intercambiaban información, coordinaban operativos en conjunto, realizaban detenciones, torturas y desapariciones forzadas de personas, y llevaban a cabo asesinatos y secuestros entre los países participantes. Además, se establecieron centros de detención clandestinos en diferentes países para mantener a los presos políticos en condiciones ilegales e inhumanas. Fue responsable de la persecución y el asesinato de miles de personas, así como de la represión sistemática de movimientos sociales y políticos en toda la región.
Esto se puede ver en el caso de nuestros países hermanos Chile y Argentina. En el país de Salvador Allende, un líder socialista democráticamente electo por el pueblo chileno, fue indirectamente asesinado por el golpe de estado realizado por el ya fallecido dictador Augusto Pinochet. Un caso similar se vio en Argentina donde Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti derrocaron a la presidenta María Estela Martínez Cartas de Perón e instauraron el “plan de reorganización social” el cual carga con 30.000 mil desaparecidos.
En Uruguay, durante la dictadura civil-militar, se vivieron situaciones similares a las de Chile y Argentina en términos de represión, violaciones a los derechos humanos y persecución política. Desde que Juan Maria Bordaberry resuelve disolver las cámaras un 27 de Junio de 1973 y da comienzo al régimen.
Plan económico y objetivos de la dictadura uruguaya
Mediante un análisis realizado por el compañero Economista Daniel Olesker, es posible observar varias muestras de políticas económicas en detrimento de las grandes mayorías que se desprenden del proceso dictatorial uruguayo. En una entrevista con Contante y Sonante de Radio M24 97.7 Olesker afirmó que una rebaja sostenida de los salarios como la que ocurrió no habría sido posible en un contexto democrático, en presencia de organizaciones sindicales y políticas con poder.
A día de hoy, Uruguay continúa experimentando las repercusiones de lo mencionado anteriormente.Un análisis del salario real en relación al Producto Bruto Interno (PBI) y a la inflación revela claramente que los salarios no se han recuperado en términos porcentuales. A pesar del aumento del PBI tanto para las empresas como para el Estado durante la dictadura, esto no se vio trasladado a los salarios, los cuales se habían desplomado y aún siguen sin poder recuperarse totalmente. Además, la dictadura implementó medidas de ajuste fiscal y estructural con el objetivo de reducir el gasto público y estabilizar la economía. Estas medidas a menudo implican recortes en los salarios y beneficios sociales, lo que afectó negativamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, la dictadura buscó fomentar la acumulación de riqueza en las esferas más altas de la sociedad, sin contribuir a una distribución equitativa de la riqueza generada a través de la producción. Esto se refleja en la implementación de políticas económicas neoliberales, que priorizaron la liberalización de los mercados, la desregulación y la apertura económica. Estas políticas tuvieron un impacto en el mercado laboral y los salarios, promoviendo la flexibilización laboral y la precarización del empleo.
En resumen, podemos concluir que las políticas económicas de la dictadura en Uruguay estuvieron dirigidas a favorecer los intereses del poder económico y los inversores del régimen, así como a mantener el apoyo de los países colaboradores a través del estado de sitio y el poder.
Política educativa y objetivos del régimen
Parte de la política educativa que se fue gestando en este proceso fue la imposición de la censura ideológica en la educación, con el objetivo de promover una visión totalmente sesgada y funcional a los valores y objetivos de las clases dominantes. Se restringió la libertad académica y se limitó la enseñanza de ideas consideradas agresivas o contrarias al gobierno de facto. Se suma también la persecución tanto a docentes como estudiantes. Ambos grupos fueron perseguidos, reprimidos y desplazados de sus cargos o centros educativos debido a sus ideologías políticas o su oposición al régimen. Tenemos ejemplos de mártires o figuras políticas de la educación asesinadas como Walter Medina, Liber Arce o Julio Castro.
La política educativa promovió un enfoque nacionalista y antimarxista con tendencias neoliberales y autoritarias, destacando los valores patrióticos y la supuesta amenaza del marxismo a la sociedad. Se buscaba inculcar un pensamiento uniforme y leal al régimen, mientras se desacreditaban y estigmatizaban a los movimientos de izquierda. Estas políticas tuvieron repercusiones negativas a corto, mediano y largo plazo en la calidad de la educación, en la formación de una población con pensamiento crítico y en la salud de la democracia del país. Además, se generaron cambios en la concepción y el funcionamiento de los movimientos sindicales, gremiales, estudiantiles, docentes y de izquierda. Estas heridas se transmitieron de generación en generación y ocasionaron un daño grave a la democracia del país.
Heridas generadas a causa del régimen
Continuando con esto, se suma la profunda herida social que ha dejado todo el proceso dictatorial en Uruguay. Estas heridas aún no han podido cicatrizar debido a que el Estado no se ha comprometido completamente en establecer mecanismos que permitan investigar a fondo los actos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto.
La necesidad de buscar la verdad, más que un resarcimiento económico, se vuelve primordial en estos casos. Sin embargo, es importante destacar que la defensa de estas acciones represivas por parte de algunos sectores político-sociales no refleja necesariamente la posición de toda la sociedad o de todos los actores políticos de una determinada corriente ideológica.
En cualquier contexto histórico, existen voces críticas que se oponen a las violaciones de los derechos humanos y abogan por la memoria, la verdad y la justicia. La problemática radica en que algunos sectores políticos intentan reivindicar a ciertos personajes políticos que participaron en este proceso histórico, lo cual genera contradicciones dentro de los propios sectores políticos y agrava la denominada «grieta» de la que tanto se habla. Históricamente, esta protección a figuras controversiales ha seguido ocurriendo y es nuestro deber ético como sociedad oponernos a estas posturas.
En este sentido, el reconocido escritor argentino y peronista Alejandro Dolina tiene una frase contundente que aborda este tipo de actores: «La justicia es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Mientras exista una sola injusticia, nuestro deber es luchar por corregirla».
Personajes como Juan Maria Bordaberry -quien es el responsable de la proscripción de nuestro partido politico- y Gregorio Alvarez quienes fueron los presidentes de facto han de ser puestos en el lugar que merecen como colaboradores del terrorismo de estado. De esta manera tampoco debemos olvidar a Jorge Pacheco Areco quien no lideró la dictadura propiamente dicha, pero su presidencia sentó las bases para el posterior golpe de Estado y la instauración de la dictadura en Uruguay. Su gobierno fue parte del autoritarismo y violación de derechos humanos en el país.
Tampoco hemos de olvidar a Jose Nino Gavazzo quien ocupó los altos cargos militares en esta época y quien es gran responsable de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, secuestros y asesinatos, además de destruir evidencias relacionadas con casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Otros nombres son Jorge Silveira Quesada, José Ricardo Arab Fernández, entre muchos otros.
Muchos de los individuos mencionados anteriormente fallecieron llevándose consigo la verdad, quemando archivos e información que contenían pistas valiosas sobre el paradero de los desaparecidos. Mientras tanto, gozaron del privilegio de conocer el paradero de sus propios hijos y nietos, viviendo vidas cómodas y compartiendo su existencia con seres queridos. En contraste, muchas ciudadanas y muchos ciudadanos uruguayos han fallecido sin conocer el destino final de sus hijas e hijos, sin que sus torturadores sean debidamente castigados y sin que los asesinos de sus hermanas, hermanos, madres y padres reciban una condena justa y acorde a los delitos cometidos. No podemos permitir que los crímenes del pasado queden impunes ni que las víctimas sean olvidadas.
Es crucial que sigamos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la reparación para las víctimas y sus familias. Cada verdad desenterrada y cada acto de justicia son pequeños pasos hacia la construcción de un futuro en el que prevalezcan los valores de igualdad, dignidad y respeto por los derechos humanos.
En el año 1985 nuestro vecino paìs Argentina se encargó de juzgar en un juicio histórico a las juntas militares donde algunos de los encargados intelectuales del régimen fueron encarcelados y penados. 28 años después con el fallecimiento de Jorge Rafael Videla, Jorge Kostinger, un periodista Argentino le escribe una carta a la familia del dictador donde deja en claro las diferencias éticas separan al Estado Argentino de los crueles dictadores.
«Familia Videla:
Ahí está el cuerpo. Sin hábeas corpus, ahí tienen el cuerpo. Unos papeles y es suyo, llévense el envase de su pariente. Cuentan ustedes con un cuerpo. Que les conste que lo reciben sin quemaduras ni moretones. Podríamos haberlo golpeado al menos, que ya hubiera estado pago. Pero nosotros preferimos no hacerlo, eso que sí hizo este cuerpo que ustedes van a enterrar. No lo tiramos desde un avión, no lo animamos a cantar con descargas de picana. Que cante, por ejemplo, dónde están nuestros cuerpos, los de nuestros compañeros. No fue violado. No tuvo un hijo acostado en el pecho mientras le daban la máquina. No lo fusilamos para decir que murió en un enfrentamiento. No lo mezclamos con cemento. No lo enterramos en cualquier parte como NN [ningún nombre]. No le robamos a sus nietos. Acá tienen el cuerpo”.