Escribe Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales PS
- Un país con enormes problemas estructurales, víctima del mal desarrollo y de la acción del colonialismo, el imperialismo, con la complicidad y el cipayismo de las burguesías locales.
- Con un Estado fallido, donde las instituciones son raquíticas
- Las secuelas del intervencionismo son más que visibles, y los peligros de nuevas operaciones son inminentes.
- La calle se hace escuchar con su pedido de caída de su gobierno títere
Este mes de enero ha sido el más violento de los dos últimos años, como lo afirma y caracteriza el Alto Comisionado para los DD.HH. de ONU. Todo indica que la movilización seguirá su desarrollo in crescendo, mientras en paralelo se intensifica la violencia ejercida por las bandas criminales. La reacción y la respuesta de amplios sectores de la sociedad es significativa, se expresa en el despliegue de múltiples recursos: cortes de ruta, barricadas, asambleas, mítines, donde prevalece la movilización desde abajo y el espontaneismo. Como muestra de tal diversidad se puede mencionar el pronunciamiento del Arzobispado, que denuncia la inacción gubernamental junto con la incapacidad de proteger a la población.
El movimiento popular, sindicatos, organizaciones de masas, izquierda política, es débil, sufre de una fuerte dispersión, y carece de una dirección política clara. A pesar de lo cual tiene su fuerza y es el motor de la resistencia, haciendo gala de altas capacidades resilientes.
Conforme a los acuerdos -partidos y sociedad Civil- Ariel Henry, -primer Ministro de transición que debía partir el 7 de febrero- fue designado después del asesinato del Presidente Jovenel Moïse (07.2021) hecho nunca aclarado, su mandato tenia la naturaleza de un provisorato –transicional- debiendo desembocar en elecciones.
El Gobierno del Henry es rechazado -con razón- por gran parte de la población. Asumió el timón del gobierno en medio de una crisis de poder abierta, que se dio en el marco de una anterior oleada de movilizaciones contra dicho presidente, quien se había mantenido en el poder después de haber finalizado su mandato, en el marco de un verdadero autogolpe de Estado, apoyando las políticas de imposición imperialista y cercenando libertades democráticas.
Pero a todas luces, Henry terminó imponiéndose con la venia del imperialismo y con todo el apoyo del llamado Core Group o grupo de contacto, que está liderado por Estados Unidos y del que también participan Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá. Una “designación”, que no respetaba ninguna instancia sucesoria y no contaba con el apoyo de la población, fue rubricada por Naciones Unidas y la OEA. Es decir, un avasallamiento abierto a la soberanía del pueblo haitiano.
En agosto de ese mismo año, diversas organizaciones firmaron el llamado Acuerdo de Montana, que proponía un gobierno interino para gobernar el país hasta tanto “convocar elecciones seguras, libres y justas”, buscando una salida para evitar la explosión del movimiento de masas y dar una solución política a la crisis imperante. Sin embargo, ni eso estaba dispuesto a aceptar el imperialismo estadounidense, ni el Core Gruop, ni la ONU o la OEA, y menos aún el propio Henry; esas fuerzas prefirieron sostener al gobierno corrupto y facto de Ariel Henry. Esto hizo que el Acuerdo de Montana quedara empantanado y se convirtiera una expresión simbólica de salida política ante el descontento y la creciente descomposición gubernamental. Mientras, adquirió fuerza el movimiento de masas ocupando directamente la calle con protestas cada vez más masivas, mostrando el rechazo hacia un gobierno de facto que desde el poder no ha hecho más que agravar las miserias de la población haitiana.
Con un clarísimo problema de legitimidad a cuestas y una población sumida en la miseria, Henry firmó un acuerdo con el FMI que implicaba nada más que un ajuste severo en el marco de la “orientación” del organismo financiero de “ayudar a las autoridades a hacer un balance de la implementación de las políticas encomendadas”, lo cual “posiblemente abra el camino” a un programa de crédito internacional.
El ajuste impuso eliminar el subsidio a los combustibles, pasando ese costo directamente al bolsillo de la población haitiana, un golpe severo que encareció el costo de vida, en otras palabras, más miseria. El paquete de ajuste contribuyo a enardecer y aumentar la base de las protestas.
Medidas tales como el aumento de los carburantes atizó aún más el fuego de la rabia del pueblo haitiano, intensificando un proceso de movilización permanente contra la política del Gobierno, y que ha llevado a paralizar completamente la capital Puerto Príncipe, así como las principales ciudades.
La salida del actual Gobierno ha sido avanzada como demanda central por el movimiento de masas, diciendo basta a tantos ataques que solo agudizan la miseria ya preponderante. Un reclamo absolutamente justo en la medida en que la dominación imperialista y los distintos gobiernos títeres han impedido cualquier forma de autodeterminación del pueblo haitiano.
Pero la actual eclosión social no cae del cielo, es todo un acumulado de rabia y protesta que se viene desarrollando en un continuo desde el 2021, alzándose en pie de lucha contra el anterior gobierno de Moïse e incluso mucho antes. Es contra este movimiento de masas contra el que se dirige las injerencias intervencionistas; expediente que quieren imponer ante el imponente avance de las protestas y un Gobierno que ya no se sostiene pero que el imperialismo necesita apuntalar. Como sabemos, históricamente, Estados Unidos ha apoyado golpes de Estado en Haití e impuesto presidentes con el fin de que sus gobiernos respondan a los intereses económicos y políticos, incluso ocupando militarmente el país directamente o vía fuerzas multinacionales “pacificadoras”. Hipócritamente usan el pretexto de la defensa de la “democracia” y los “derechos humanos” para encubrir sus políticas intervencionistas.
Es indiscutible que desde que asumió el gobierno Henry, se produce una combinación entre la agudización de la miseria, una acentuada y sostenida carestía de alimentos y el aumento de los combustibles; en ese entorno grupos armados paramilitares han ganado terreno en el país caribeño, imponiendo sus dictados. Sin embargo, lo que cínicamente obvian los Estados Unidos, la ONU y el Gobierno haitiano, es el hecho de que han sido ellos mismos quienes han mantenido vínculos históricos con el crimen organizado, alentando la creación de las pandillas a través de las fuerzas represivas del Estado cuando les han sido funcionales.
El país se ha gansterizado, así lo indica el accionar impune de las bandas armadas. Estas han sido utilizadas en las disputa entre grupos de poder, por parte de una lumpen burguesía que domina el país y defiende a sangre y fuego sus privilegios. La existencia y poderío de las bandas no es ajena a los intereses y funcionamiento de los círculos gobernantes. Tanto el Gobierno y el capital haitiano las usan contra el movimiento de masas. Dichas bandas se han desarrollado paralelamente a las fuerzas del capital y del Estado, diferentes facciones del régimen apoyaban discrecionalmente a la o las pandillas de su elección. Hoy los agentes estatales, los capitanes del capital han tomado “el control” de la situación, en el marco de la gran descomposición estatal y gubernamental; así lo atestigua la actuación de la BSAP -Brigada Armada de Protección Forestal- que interviene abiertamente en la disputa de territorio, con otras bandas y fuerzas gubernamentales. El bandiditismo se ha apoderado de resortes claves, constituye un factor de poder, que extiende su dominio y control sobre sectores y engranajes importantes de la actividad económica y la vida social del país.
En Haití se pone en evidencia que las intervenciones militares a lo largo de su sufriente historia, no han servido más que para ahogar las rebeliones de los pueblos y acabar con cualquier proceso de autodeterminación nacional. El episodio de la MINUSTAH en el que terminó enlodado Uruguay, es un claro ejemplo. Inserto en una lógica imperialista, misma que de buena gana reproduce el imperialismo francés y la ONU con la complicidad de los gobiernos de América Latina.
Con la cobertura onusiana, desde octubre del 2023 se planifica una intervención, pretendidamente de naturaleza policial -no militar-, con un contingente de fuerzas de Kenia -país con escasas credenciales democráticas- país en donde su policía exhibe un tétrico historial represivo. La operación se encuentra en un impasse por observaciones interpuestas por el organismo de control constitucional del país africano. Reclamada por sectores de la burguesía, de concretarse la misma, no aportara nada bueno para los haitianos.
Desde una perspectiva socialista, defendemos que solo trabajadoras y trabajadores y el pueblo oprimido pueden ir hasta el final en la lucha contra la miseria reinante, que implica una confrontación abierta y sin concesiones a las clases dominantes y sus gobiernos corruptos sostenidos por el imperialismo. Para ello es preciso que tomen en sus manos su propio destino y al calor de la lucha por sus propias demandas, puedan hacer frente a cualquier tipo de intervención, política, militar, policial, así como cualquier fuerza de ocupación disfrazada de “misiones de paz”. Es el pueblo haitiano quien debe potenciar sus propias organizaciones de masas oponiéndose a los arrebatos intervencionistas disfrazados como misiones de estabilización, de apoyo al desarrollo y fortalecimiento democrático. No podemos dejar de tener la expectativa que el movimiento popular pueda poner en pie organismos de autodeterminación confiando solo en sus propias fuerzas, en la perspectiva de un gobierno de trabajadoras, trabajadores y oprimidos, único que podrá dar una verdadera y definitiva salida a la crisis.
Desde una postura internacionalista activa reiteramos que no existe ninguna solución a la crisis en Haití que resulte del intervencionismo bajo cualquier modalidad. Indefectiblemente estas intervenciones han profundizado por décadas los problemas internos del país hundiendo aún más en la miseria al pueblo haitiano.