Escribe Rodrigo Genta | Brigada Julio Castro
Dicen que los y las socialistas somos infantiles, demagogos y populistas. ¿Por qué? ¿Quiénes? Porque defendemos y militamos el plebiscito de la seguridad social del PIT-CNT. Lo dice la derecha y lo dicen algunas personas de izquierda. Los epítetos de la derecha son menos originales y más violentos (por ejemplo, al compañero Daniel Olesker le suelen decir “mugriento” a través de las redes). Los de algunos compañeros son más finos, más cultos (escuché, por ejemplo, que detrás de la iniciativa y el apoyo al plebiscito de la seguridad social hay un pensamiento análogo al “realismo mágico”; escuché, asimismo, decir que profesamos una “ética de las convicciones”, mientras quienes están llamados a gobernar deben profesar una “ética de la responsabilidad”).
Bueno, yo no quisiera cometer el mismo error. No voy a decir a quienes no apoyan el plebiscito que no son de izquierda, o que sirven a las AFAPs, o que son irresponsables e inmaduros, o “débiles mentales”. Proferir calificativos peyorativos, que revisten connotaciones negativas, no es argumentar, y tampoco es una buena estrategia de persuasión. ¿Hay argumentos legítimos para no apoyar la iniciativa de reforma constitucional? Por supuesto que los hay. A mí, personalmente, no me convencen. Voy a argumentar por qué.
¿Cuál es la propuesta? Modificar el artículo 67 de la Constitución. ¿Con qué propósito? El de establecer garantías, el de consagrar derechos. Venimos de una reforma de la seguridad social cuya preocupación fue: cómo reducir la proyección futura del déficit del BPS; la discusión no se centró en la “calidad” de las prestaciones, sino en la “sostenibilidad” del sistema. El oficialismo no parece estar preocupado de igual forma por el déficit o la “sostenibilidad” de la Caja Militar (siendo que es muy parecido el monto total y la cobertura es ínfima en comparación). El resultado del sesgo o la mentalidad descrita (de reducir el gasto sin nuevos ingresos) fue el recorte: “trabaje más y cobre menos” fue la consigna inconfesa de la última reforma.
Por suerte, la izquierda uruguaya conviene en que es injusto que la reforma de la seguridad social, mejor dicho, el ajuste, lo pague únicamente la clase trabajadora. La izquierda presume y espera ganar las próximas elecciones nacionales; con el triunfo, y siendo consecuente, va a implementar cambios en la materia. Por su parte, el campo popular busca con la iniciativa del plebiscito establecer los parámetros de esa reconfiguración futura de la seguridad social modificando el artículo 67 de la Constitución. El “FA-PIT” no existe: el campo popular desde su independencia de clase desea contraatacar la reforma de la seguridad social de la coalición de derecha y desconfía del futuro gobierno para defender sus intereses de forma competente.
Las causas estructurales que motivaron la reforma de la seguridad social de la coalición se agravarán: la relación entre activos y pasivos será cada vez peor (la tasa de natalidad va a seguir decreciendo y las tecnologías como la IA van a suprimir continua y crecientemente puestos de trabajo). Poder vivir más y el aumento de la capacidad productiva son buenas noticias, dignas de celebración, pero el sistema en que vivimos transmuta lo bueno en lo malo. De seguir con la misma lógica, las prestaciones van a ser cada vez peores y cada vez más alta la edad mínima para jubilarse. El campo popular sabe cómo se perfila el futuro y quiere poner un límite constitucional a la pérdida de los derechos conquistados. Así, propone el marco de una reforma de la seguridad social que será irreconciliable con el “espíritu y la materia” de la reforma de la coalición de gobierno (es otro el propósito que la anima y demandará cambiar esta última).
¿Qué se quiere hacer modificando la Constitución? 1) Consagrar un “piso de dignidad” para las jubilaciones: ninguna prestación será menor al salario mínimo nacional. 2) Establecer el derecho (no la obligación) a poder jubilarse con 60 años de edad (y 30 años de trabajo). 3) La eliminación de la dimensión privada del actual régimen mixto (esto es, las AFAPs).
El contenido de la papeleta es muy difícil de criticar. 1) Si el salario mínimo fija un “piso de dignidad” (o, siendo francos, de estricta supervivencia), ¿cómo se fundamenta pagar jubilaciones menores a 22 mil pesos?, ¿cómo una persona mayor, la cual debe afrontar los gastos propios de su edad, sería capaz de vivir, y vivir dignamente, por menos del salario mínimo?
2) Tener el derecho (no la obligación) de jubilarse a los 60 años de edad (y 30 años de trabajo), derecho que antes de la reforma de la seguridad social de la derecha estaba garantizado, contribuye mucho a la felicidad colectiva, en especial de los más infelices. Incluso para muchos que se hallan en una situación holgada es muy difícil, y hasta mortificante, trabajar luego de llegar a los 60 años. Quien trabaja pocas horas, está suficientemente remunerado y siente vocación por lo que hace (digamos, la minoría afortunada), puede hacerlo sin problema. No así la amplia mayoría de la gente, y sobre todo los más rezagados.
Antes de la reforma, la mayoría de las personas no se jubilaba a los 60 años de edad, no por motivaciones vocacionales, claro está, sino por la mísera prestación recibida, viéndose forzados a continuar aplicándose en trabajos penosos y mal pagos. Por eso 2) precisa de la solidaridad de 1).
Aún menos polémico es 3): las AFAPs han demostrado ser un fracaso. Ni redujeron el déficit del BPS, ni mejoraron la calidad de las prestaciones. Ahora, con la última reforma de la seguridad social, se refuerzan las AFAPs: se vuelven obligatorias para quienes, a partir de la vigencia de la misma, se insertan al mercado laboral (sin importar sus ingresos). Lo central es que las prestaciones de las AFAPs son miserables y hay un negocio millonario y criminal detrás de la miseria de la gente. Es inaceptable.
Pienso que hay críticas atendibles y otras que no son atendibles. Por ejemplo, los posibles litigios del Estado con las AFAPs por lucro cesante, o el grito alarmista de “expropian los ahorros individuales”, no son buenos argumentos. Tal vez haya juicios: si hay posibilidad de éxito para las AFAPs, demandarán; que ganen ya es otra historia. Pero, ¿esa amenaza hará que renunciemos a nuestra soberanía?, ¿que renunciemos a decidir qué sistema jubilatorio es el mejor para el Uruguay? ¿acaso son dueñas del país las AFAPs?
Creo que el argumento de mayor peso es la viabilidad de la propuesta: “no es posible solventar el gasto que conlleva el éxito de la propuesta”, “colapsará el sistema”, “se fundirá el Estado”. El argumento es razonable en la medida en que nadie está obligado a hacer algo, por más bueno que sea ese algo, que no pueda hacer. Correcto. Y agregaría, hubiese sido deseable que la fuerza social haya presentado junto a la propuesta un cálculo del costo fiscal que supondría afrontar el cambio (así, por un lado, ya se podría dilucidar qué medidas hay que articular en pos de solventarlo y, por el otro, nos ahorrábamos las especulaciones apocalípticas de los detractores) 1.
Nota al pie de página [1]:
El artículo titulado “Los anuncios de apocalipsis en la seguridad social” critica, precisamente, esa clase de especulaciones, ya que: “no son rigurosas ni se apoyan en los resultados de un modelo de proyecciones”. También hace énfasis en el financiamiento no-equitativo del sistema de jubilaciones y en “el engendro ideológico y el disparate técnico que fueron las AFAP”.
Enlace: https://www.nodal.am/2023/10/uruguay-los-anuncios-de-apocalipsis-en-la-seguridad-social-por-antonio-elias-jorge-notaro-carlos-viera/
Ahora, y sin hacer del escepticismo un argumento, no creo que aumentar las jubilaciones más deprimidas al salario mínimo (y que las personas tengan el derecho de jubilarse a los 60 años de edad y 30 de trabajo, como lo tenían hace poco tiempo atrás) sea imposible. No soy un economista: no puedo ensayar una demostración en este sentido (ni evaluar por mis propios medios una). Pero no creo que esté fuera del marco de lo posible que los mayores que reciben una jubilación insuficiente (desde cualquier punto de vista) accedan a una jubilación un poco menos indigna, penosa, miserable.
Creo que hay formas de afrontar el gasto, formas justas: subir los aportes patronales, gravar la tecnología que elimina puestos de trabajo, reducir la jornada laboral, combatir el trabajo informal, acabar con los regímenes de exoneración, y demás. Sólo hay que ser creativos y estar determinados.
Gente que no me despierta mucha simpatía dice que la política es el arte de lo posible. No hace mucho las personas creían que un mundo radicalmente diferente al actual era posible. Creo que hoy a la mayoría le es impensable, no ya transformar el mundo, sino que las cosas no vayan de mal en peor. Creo que el arte de la política es, hoy más que nunca, el arte de hacer posible lo necesario. En eso estamos los y las socialistas.