Escribe José Nunes | Senador PS-FA
En primer término, quiero realizar dos agradecimientos: a la Cámara de Senadores por haber votado afirmativamente la propuesta de la bancada del Frente Amplio de realizar esta intervención de recuerdo, reconocimiento y celebración, y a la bancada del Frente Amplio por haberme conferido el honor de ser quien dé inicio al tratamiento del tema.
Todos o casi todos los partidos aquí representados en algún momento hemos abordado –haciendo uso de los procedimientos de democracia directa que establece la Constitución de la república– la empresa de recolectar firmas. Sabemos, por tanto, que no es tarea fácil y que alcanzar el alto número de firmas que reclama nuestra Constitución para habilitar los distintos procedimientos supone meses de despliegue militante. Sin ir más lejos, hace quince días se hizo entrega de 430.000 firmas para habilitar el plebiscito sobre el sistema previsional y todos hemos valorado –más allá de estar de acuerdo o no con la consulta– como un hecho destacable el número de adhesiones recabadas; fue una campaña que duró entre seis y siete meses.
El hecho que hoy estamos conmemorando, que fue la jornada de recolección de firmas organizada por Fucvam contra la ley de propiedad horizontal de la dictadura, el 26 de febrero de 1984, juntó en un solo día 330.000 firmas. Fue una hazaña popular y democrática. Hay que tener en cuenta que era la primera vez que el recurso previsto en el artículo 79 de la Constitución se ponía en marcha. Se debía informar a la ciudadanía del mecanismo y las razones del reclamo y, lo más importante, había que vencer el lógico temor de dejar estampada con nombre, apellido y firma la oposición a la dictadura. Es cierto que el muro de silencio que había impuesto la dictadura se resquebrajaba y el pueblo había ganado la calle con sus demandas económicas y políticas, pero el aparato represivo seguía intacto y actuando.
En junio de 1983 un grupo de jóvenes comunistas había sido detenido, torturado y puesto en prisión. El 9 de noviembre de 1983 había sido duramente reprimida una movilización convocada por la intersocial (PIT, Asceep, Fucvam y Serpaj). Tras el paro general del 18 de enero de 1984 se había decretado la ilegalización del PIT y, lamentable y tristemente, un poco más adelante, ese mismo año, en abril de 1984, fue asesinado en la tortura, en el batallón n.º 9 de Río Negro, el médico Vladimir Roslik.
Los riesgos eran muchos, pero la determinación también. Por eso insisto en que fue una proeza popular y democrática; proeza popular porque fue el movimiento social organizado, a iniciativa y con la conducción de Fucvam, el que tuvo el coraje y la inteligencia de llevar adelante la jornada; y proeza democrática porque fue una manifestación inequívoca de nuestro pueblo de rechazo a la dictadura, de reivindicación del voto y de expresión de la voluntad ciudadana.
Por estas razones es que nos parece justo y conveniente que el Parlamento nacional –que hace un año recordaba, bajo la consigna Por siempre democracia, los 50 años del golpe de Estado civil y militar que arrasó con las libertades públicas, la democracia y los derechos humanos– conmemore y celebre hoy la jornada del 26 de febrero de 1984 y rinda homenaje a quienes defendieron la democracia en cada esquina y a las organizaciones que, trascendiendo sus reivindicaciones corporativas, se comprometieron con esa lucha por las libertades y por la democracia.
La dictadura fue enemiga, por razones políticas e ideológicas, del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua y de la Fucvam: por razones políticas porque las cooperativas de vivienda fueron un refugio para la participación ciudadana, la democracia, la solidaridad y la cultura popular, y por razones ideológicas porque si se piensa que el desarrollo humano se cimienta en la competencia y la desigualdad, que la vivienda es una mercancía y que será el mercado el que resuelva el problema de su acceso, las cooperativas están de más y hay que terminar con ellas.
En el curso de los años el gobierno de facto fue adoptando medidas que, si no pudieron finalmente desarticular las cooperativas ya en curso, impidieron que nuevas familias accedieran a esta alternativa. Se priorizó lo financiero por sobre la cuestión social, por lo que se clausuró la Dinavi y se trasladaron sus competencias al Banco Hipotecario; entre ellas se encontraba la cartera de tierras, que fue entregada por el banco a promotores privados. Se incrementaron las tasas de interés sobre los préstamos a las cooperativas; se redujo drásticamente lo destinado por el Fondo Nacional de Vivienda a cooperativas, que pasó del 43 % a un 3 %; se dejó de otorgar personería jurídica para constituir nuevas cooperativas y de escriturar nuevos préstamos; se suspendieron los institutos de asistencia técnica directamente vinculados al cooperativismo de vivienda, fundamentales para su desarrollo.
Es muy gráfico el pensamiento predominante en el gobierno. Está expresado muy claramente en una cita que hace Carmen Midaglia en su libro Las formas de acción colectiva en Uruguay, a partir de la fundamentación realizada sobre el tema por el ingeniero Végh Villegas, integrante del Consejo de Estado, embajador y ministro de la dictadura. Esto decía Végh Villegas: «Este movimiento con el transcurso de los años de vigencia de la ley de vivienda, adquirió un desarrollo muy importante, y en los últimos tiempos, (…) a la luz de las posibilidades de los recursos financieros, se transformó en un medio por el cual se podía acceder a la vivienda con mayor fluidez que por otras vías. Eso trajo como consecuencia la formación de un número muy importante de cooperativas, que por mandato de la ley requieren de la asistencia técnica de institutos, que es una asociación integrada por profesionales universitarios, (…) que fueron llevando a un nucleamiento (…) de todo el movimiento cooperativo, que en buena parte no se adecua (…) totalmente con la idiosincrasia de nuestros ciudadanos, y que en muchos casos contiene dentro de sí algunas facetas que pueden preocupar (…), ya que pueden llegar a afectar la seguridad». Esto pensaba el Gobierno de la época.
En ese contexto, el movimiento cooperativo debe enfrentar, en setiembre de 1983, el reajuste de la cuota por el aumento de la Unidad Reajustable.
En noviembre de 1982 ocurre la crisis de la tablita. El dólar pasa de 13 a 20 pesos, para terminar estabilizándose en más de 30; caída abrupta de salarios, cierre de empresas, desempleo, inflación.
En setiembre de 1983 se establece en un 15 % el ajuste de las cuotas que deben pagar las cooperativas. Fucvam plantea que el porcentaje está mal calculado, que no es posible pagar ese aumento y solicita que quede sin efecto. Las autoridades se mantienen en su posición y los cooperativistas resuelven, en un hecho también sin precedentes en nuestra historia, tras un amplio proceso de debate interno, la huelga de pagos. Para sorpresa de las autoridades y pese a sus amenazas, la medida es cumplida sin fisuras por todo el movimiento. En ese entonces había unas 200 cooperativas en todo el país.
Es justo destacar que en las cooperativas de vivienda la participación es obligatoria por ley. La capacidad de decisión de los consejos directivos de las cooperativas está acotada. Deben resolver las asambleas de cooperativistas y son estas quienes nombran a los delegados que participan de las asambleas nacionales de Fucvam y les establecen un mandato. Resolver y sostener luego cualquier medida de la magnitud de la que estamos hablando, que era además un desafío al gobierno dictatorial, demanda un proceso de debate muy amplio. Y en este caso, además, no se trató de una decisión unánime –ampliamente mayoritaria sí, pero no unánime–, donde quienes discrepaban desarrollaron también sus puntos de vista en los debates. El amplio respaldo a todas las decisiones, a todas las acciones resueltas, y la unidad de acción más allá de las discrepancias en el proceso de decisión, subrayan el carácter democrático de la organización y la representatividad de sus dirigentes.
La respuesta del Gobierno a la huelga de pagos y el punto culminante de la ofensiva de la dictadura contra el movimiento cooperativo de vivienda fue el proyecto de ley de pasaje a propiedad horizontal, que terminaría siendo el Decreto Ley n.º 15.501 enviado al Consejo de Estado con la firma del presidente de facto, Gregorio Álvarez, los ministros de Economía y Finanzas, Walter Lusiardo, y de Justicia, Julio César Espínola. Fue tratado como urgente y aprobado el martes 13 de diciembre de 1983. El decreto ley obligaba a las cooperativas a transformarse en complejos en régimen de propiedad horizontal, donde los socios pasarían de usuarios a propietarios.
¿Cuál sería la respuesta del movimiento cooperativo de vivienda ante esta acción del gobierno, que parecía imparable?
Voy a leer un fragmento del libro escrito por Gustavo González sobre esta jornada: «En el torbellino de ideas que se nos ocurrían para seguir luchando, surge la de convocar a Helios Sarthou. En ese momento él era parte del equipo de abogados del Centro Cooperativista Uruguayo y contaba con la absoluta confianza de la dirección de Fucvam.
Es justamente Helios el que nos dará la idea del plebiscito. Cuando nos dijo que la Constitución estipulaba que había que juntar, aproximadamente, entre 450.000 y 500.000 firmas para que se diera lugar al plebiscito, nos quedamos de boca abierta. Siguió explicando, además, que no existía más que una experiencia en el país y que no había sido nacional sino departamental. Se refería al llamado Plebiscito del vintén, que se había llevado adelante en Montevideo, en el año 1951, contra el aumento del boleto.
(…)
La reunión comenzó a las veinte horas y terminó a las dos de la mañana. Las preguntas fueron varias. Con gran paciencia, Helios iba contestando nuestras dudas hasta que, al final, apareció la pregunta obvia: ¿Vamos o no vamos? Helios nos advierte: “Miren, muchachos: también puede pasar que marchen presos porque uno nunca sabe qué puede pasar”. Recuerdo que nos miramos todos los presentes, se hizo un momento de silencio y alguien dijo: “No se preocupe, Helios. Si vamos presos, ya tenemos a los sustitutos que seguirán la lucha”».
La jornada del 26 de febrero ya estaba en marcha.
Por supuesto, el movimiento cooperativo no estuvo solo en esta campaña. La recolección de firmas contra la ley de propiedad horizontal de la dictadura, el «No» de Fucvam, se dio en el contexto de una movilización creciente por la recuperación de las libertades públicas y la democracia, y el pueblo uruguayo asumió la recolección de firmas como parte de esa lucha.
Solo para tener una referencia voy a recordar algunos hechos del año 1983. En enero se instalan las convenciones de los tres partidos legalizados –Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica–, electas el año anterior. En marzo un grupo de madres de procesados por la justicia militar envía una nota a los tres partidos habilitados reclamando la amnistía general e irrestricta para todos los presos políticos. En abril, el día 11, es liberado tras diez años de prisión el general Víctor Licandro. Ese mismo mes, treinta y cuatro asociaciones laborales, sindicatos de base, solicitan autorización para realizar el acto del 1.º de Mayo. Ya había comenzado a funcionar el PIT. En mayo, el 1.º, bajo la consigna de salario, trabajo, amnistía y libertad, con la presencia de ciento cincuenta mil personas se conmemora en Montevideo el Día Internacional de los Trabajadores. En agosto se reúne por primera vez la intersectorial, coordinación integrada por los tres partidos políticos legales, el Frente Amplio y la intersocial. Tanto la intersocial como la intersectorial funcionarán en el local de Fucvam hasta mediados de 1984. El 25 de agosto es convocado el primer cacerolazo con apagón, que tiene una respuesta masiva de la población y es una manifestación incontrovertible del repudio a la dictadura. En setiembre se celebra la semana del estudiante, que culmina con una multitudinaria marcha y un acto en el estadio Franzini. En noviembre, convocada por la intersocial, se realiza una marcha que es brutalmente reprimida. El 27 de noviembre, convocada por la intersectorial, se congrega el Río de Libertad en torno al Obelisco, reclamando el fin de la dictadura y las elecciones libres. El 16 de diciembre es clausurada CX 30 y su director, José Germán Araújo, realiza una huelga de hambre que convoca a múltiples y multitudinarias expresiones de solidaridad. El 26 de diciembre, arriban a Uruguay los niños del exilio. El 18 de enero se realiza un paro general convocado por el PIT con una masiva adhesión. El día 26 de febrero de 1984 diez mil brigadistas, entre las ocho y las veinte horas, recorrieron barrios y villas de todo el país. Eran militantes de todas las organizaciones sociales de la intersocial y de sectores de todos los partidos políticos de la intersectorial que en los días previos habían ido declarando su apoyo a la jornada y convocando a la ciudadanía a firmar. Lo mismo hicieron múltiples exponentes de la cultura popular. Se instalaron puestos fijos en cooperativas, clubes deportivos, parroquias, locales de diversas organizaciones sociales. En la sede de Fucvam se instaló el estudio de la CX 30 que, con su director al micrófono, trasmitió todo el día.
La jornada transcurrió con normalidad en Montevideo, pero en varios departamentos del interior los jefes de policía intentaron prohibirla y en algunos no fue posible recolectar firmas.
A la noche de ese mismo día, desde el balcón de la sede de Fucvam –donde estaba instalado el centro de cómputos–, se proclamaron los primeros números: ¡Compañeros, llegamos a las 300.000 y no paran de llegar! Al día siguiente, Fucvam convocó a una conferencia de prensa en la que confirmó las 330.000 firmas alcanzadas.
La Ley n.º 15501 nunca fue aplicada; más adelante, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, finalmente, derogada en 1986.
Voy a terminar, señora presidenta, realizando cuatro reconocimientos y un comentario final.
En primer término, quiero reconocer a las uruguayas y uruguayos que ese día abrieron sus puertas y pusieron su firma por la solidaridad y contra la dictadura. Ellos hicieron esta historia.
En segundo lugar, a las y los militantes de Fucvam y de las demás organizaciones que planificaron esta jornada durante mucho tiempo para que pudiera ser el éxito que fue, y a los miles que salieron a juntar firmas ese día, poniendo el cuerpo detrás de las ideas.
También quiero hacer un reconocimiento y un homenaje muy especial al doctor Helios Sarthou, un hombre que puso su saber y su tiempo al servicio de la clase trabajadora y de los más postergados
Por último, planteo un reconocimiento muy especial a la Fucvam. Me han hecho llegar una breve lista de quienes –muy jóvenes en ese entonces– estuvieron al frente de la organización en esos años críticos de 1983 y 1984; los voy a mencionar, siempre con el riesgo de caer en la injusticia. Como representantes del interior, estaban José Oxley, de Paysandú; Eduardo Palumbo, de San José; Antonio Pereira, de Treinta y Tres, y Hugo Silveira, de Salto. También estaban los integrantes del comité ejecutivo en ese momento: Santana Fernández, Gustavo González, Fernando Nopitsch, Carlos Sierra y José Tognola. Quiero realizar una mención especial a José Tognola, un militante comprometido, un gran compañero, un hombre bueno, que lamentablemente falleció demasiado joven.
Señora presidenta: como consideración final, quiero decir que el pueblo uruguayo –o esa parte tan significativa que firmó ese 26 de febrero– le dijo no a la dictadura y contribuyó de una manera muy importante al proceso de recuperación democrática que tuvo el país; también rescató para el futuro de estos cuarenta años que han pasado –espero que también para los cuarenta años que están por venir y más– una forma de atender y abordar el problema de la vivienda que puede ser –estoy seguro– una solución muy significativa para los grandes déficits que tenemos en este país. ¡Ojalá podamos darle el mayor impulso en el futuro!
Muchas gracias.
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